La situación legal de Telegram en España ha estado en el centro del debate durante las últimas semanas. El 22 de marzo de 2024, la Audiencia Nacional ordenó el bloqueo cautelar de la aplicación de mensajería instantánea a raíz de una denuncia por parte de Mediaset, Atresmedia y Movistar por la presunta vulneración de derechos de autor.
El juez Santiago Pedraz, a cargo del caso, consideró que Telegram no había adoptado las medidas necesarias para evitar la difusión de contenido protegido por derechos de autor en sus canales públicos. Esta decisión ha generado controversia por su impacto en la libertad de expresión y el derecho a la información de los usuarios españoles.
En teoría, el bloqueo de Telegram debería impedir que los usuarios españoles accedan a la aplicación a través de sus proveedores de internet. Sin embargo, existen métodos alternativos para acceder a la plataforma, como el uso de VPNs o proxies.
La plataforma ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez Pedraz. Además, ha implementado medidas para eliminar el contenido protegido por derechos de autor que ha sido denunciado.